El catedrático de Derecho Jordi Nieva explicaba en un artículo que la
decisión que ha tomado el juez Llarena era la peor de todas las
posibles. Exponía varias razones para considerarlo así. La principal:
que se ha condenado al destierro, por el momento, a Puigdemont y a los
demás exiliados, durante al menos 20 años, sin que se haya producido un
juicio al respecto de sus acusaciones. Y, mientras tanto, la Fiscalía
mantiene en prisión a los demás procesados, mientras quienes se
encuentran fuera de España tendrán libertad absoluta en cualquier país
del mundo, excepto en el Reino de los Borbones.
Explica el catedrático que se da la situación en la que, mientras un
juzgado alemán considera que no existió delito de rebelión ni sedición
ni desórdenes públicos para quien era, supuestamente, el máximo
responsable por su condición de presidente, en el Reino de España hay
una serie de personas que llevan en algunos casos nueve meses en prisión
preventiva por los mismos hechos, los que han sido calificados,
reitero, de hechos no delictivos.
Supone, además de un agravio contra el derecho y la justicia, un
atentado contra la democracia, puesto que se imposibilita así que quien
ha sido elegido legítimamente como presidente en las
elecciones del
pasado 21 de diciembre pueda serlo.
Y esto, sin juicio ni condena firme..
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