Llarena lo ha conseguido. La justicia española no gozaba de gran prestigio en el continente. Su última decisión la deja literalmente por los suelos. Es
ya patente a ojos de todo el mundo que se trata de un proceso político
disfrazado de judicial. Para los magistrados del Supremo, como para su
presidente, Lesmes, como para muchos jueces españoles, aquí está en
juego "el orden constitucional español", entendido a su manera, claro
está. Un bien de naturaleza claramente política ante cuya urgencia y
primacía debe hacerse la vista gorda frente a las minucias jurídicas de
si las euroórdenes están motivadas, si los delitos invocados están
debidamente justificados, si se tienen pruebas, si se cumplen los
requisitos, etc. El juez Llarena, además de retirar las euroórdenes, lee
la cartilla a los jueces belgas y alemanes y se queja amargamente de
que falten a los deberes de colaboración judicial y mutua confianza.
Como si la justicia española inspirara alguna confianza y menos que lo
hará admitiendo abiertamente que no se guía por criterios jurídicos sino políticos, de razón de Estado...Leer más
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