La justicia en España vive en permanente atasco. Ni el aumento de presupuestos ni las reformas emprendidas han logrado acabar con la congestión. El jefe del departamento de análisis del Consejo del Poder Judicial propone como solución utilizar el cualificado cuerpo de los secretarios judiciales y reconvertirlos parcialmente en jueces de instancia.
La mala imagen que la Administración de justicia tiene entre la población española, a la que se sitúa entre los peores servicios públicos, resulta una constante a la que nos hemos habituado con asombrosa condescendencia colectiva. El estudio del CIS de julio de 2010 (núm. 2841) fija en un escalofriante 71% el porcentaje de ciudadanos que consideran que el servicio público de la justicia funciona poco o nada satisfactoriamente, criterio que desde 1987 sufre un claro incremento porcentual, lo que nos viene a decir que después de más de treinta años de vigencia de la Constitución, la prestación de una tutela judicial efectiva sin indefensión ni dilaciones, que la Carta Magna consagra, está aún lejos de ser satisfactoria.
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Como puede funcionar una país con esta justicia.
Nuestros políticos son complices y responsables de la situación.
Gurtel, Pretoria, Millet y +.
