Difícilmente los que se llaman nuestros representantes pueden decidir con justicia sobre las normas que afectan a nuestras vidas cuando ellos se han otorgado el privilegio de quedar por encima de esas normas.
La lógica elemental, la ética y el entendimiento de la naturaleza humana nos ha de hacer comprender que es requisito indispensable que el representante que negocia las condiciones de vida de sus representados ha de estar sometido a las mismas reglas que ellos.
Sin embargo, los mismos que barajan subir la edad de nuestras jubilaciones a los 67 años, y ampliar el periodo para el cálculo de las pensiones, para bajarlas tienen garantizado el 100% de la pensión máxima con solo 11 años de actividad parlamentaria y pueden jubilarse a los 60, con 40 años de cotización. Sin contar otras prebendas tales como planes de pensiones privados a costa del dinero público. Es hora de que los ciudadanos exijamos el fin definitivo e inexcusable de estos abusos.
Carlos de Arpe - Madrid - 17/01/2011 - ELPAIS.com - Cartas al Director.Forges, Edición Impresa - 17 - 01 - 2011
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