La corrupción en España alcanza niveles alarmantes. No se trata sólo de los casos de corrupción urbanística, cohecho, prevaricación, etc., que afectan de manera generalizada a los grandes partidos: hablamos de corrupción en los mismos fundamentos del sistema.
En este contexto se ha asentado la alternancia perpetua de organizaciones políticas aferradas al poder durante décadas (PP, PSOE, EAJ-PNV, CiU...), sin otras opciones más que aquellas necesarias para conseguir sus propios objetivos, sin permeabilidad de nuevas ideas, sin permitir la participación activa de la ciudadanía, asfixiando toda posibilidad de regeneración democrática.
La ley electoral ha sido blindada a medida de los grandes partidos al penalizar desmesuradamente la representación de las minorías. A diferencia de otros países con una democracia saludable, nuestros parlamentos no reflejan la diversidad ideológica de la sociedad española.
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