El ciudadano Jordi Sànchez

A la España oficial parece que se le ha olvidado. Pero todo demócrata debe recordar y recordarle que antes que imputado, independentista, secesionista o dadaísta, Jordi Sànchez era, es y continúa siendo un ciudadano en plena posesión de sus derechos políticos fundamentales. Ninguna medida preventiva puede privarle de su ejercicio y sólo una sentencia firme puede limitárselos, nunca privarle de ellos. Una verdad que resulta aún más incuestionable cuando nos referimos al derecho político más básico y fundamental de todo ciudadano: el derecho de sufragio activo y pasivo, el derecho a elegir y ser elegido.
Con la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la mano, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no tiene otra opción que permitir que el ciudadano Jordi Sànchez ejerza su derecho de sufragio activo y pasivo. Dictar lo contrario abriría una vía con notables posibilidades de éxito para cuestionar su legalidad y provocar la nulidad de todo el proceso
Hasta ahora el juez Llarena ha podido trampear el evidente espíritu garantista de la Constitución con respecto al derecho de sufragio facilitando a los diputados encarcelados la delegación del voto. Pero esa puerta trasera está cerrada para el caso de un diputado electo, que debe presentar y defender presencialmente su candidatura a la presidencia; a no ser que todo lo que se ha dicho para impedir la investidura a distancia de Carles Puigdemont fuera mentira o no tuviera valor jurídico alguno. Fuente
 

Ya teníamos el precrimen, ingeniado en su día para parar el 1-O,
y ahora parece que vamos a inventar la preinhabilitación