Cierta la crítica, con un matiz: el juez no es más importante; tiene más
poder; o sea, más fuerza; la fuerza armada. Justo, ese es el nudo de la
cuestión porque pone de relieve los dos distintos sentidos de la
justicia que manejan las dos partes en este conflicto. Para el
nacionalismo español se trata de un conflicto jurídico que oculta otro
político; para el independentismo catalán, de un conflicto político que
oculta otro jurídico.
Habiendo derivado el gobierno la cuestión a los jueces se encuentra que
estos, apreciando el factor político, le supeditan sus actos que, claro,
ya no son de justicia. La razón es muy sencilla: la justicia se
administra en nombre de la nación española (o del Rey, que es su
símbolo). Por tanto, todo lo que atente contra aquella queda al margen
de la justicia por razón de Estado. Privar a Sánchez del derecho de
sufragio pasivo e interferir en las decisiones del Parlament no
entran en las atribuciones del juez Llarena. Pero eso da igual porque él
atiende ahora no a la justicia sino a la razón de Estado. Como se
prueba por el hecho de que ni siquiera se preocupe por redactar unos
autos con un mínimo nivel de elaboración jurídica.
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