Ahora resulta que los docentes de las escuelas públicas catalanas “adoctrinan” a sus alumnos para que se transformen en “radicales” independentistas, y además practican el tan manoseado “bullying” con los hijos de los guardias civiles que tienen en sus aulas.
Todo ello se basa en las denuncias de algunas de las familias de esos chicos, que en su conjunto representan un porcentaje ínfimo del alumnado. No consta la opinión del resto de los alumnos y de sus familias, que podrían atestiguar respecto a la veracidad de las denuncias.
Y el mecanismo es el habitual. La gente de la caverna mediática (en este caso “El Mundo”, pero podía haber sido “El País” o cualquier otro tebeo de baja estofa) publica un seudo informe acusando a una serie de profesores y profesoras de adoctrinamiento. El reportaje incluye nombres y fotos, como acostumbraba a hacer la prensa pro-nazi en los albores del Tercer Reich. Esa insidiosa publicación parece que no importa a la fiscalía de turno, siempre dispuesta a tomar partido en sentido contrario. A quien sí interesa es a algún juez que pasaba por allí y que de seguro encontrará indicios de criminalidad u otras lindezas similares.
Y, ¿cuál es la causa principal de ese oprobio? Pues nada menos que comentar en las aulas y abrir un debate entre los alumnos, en las semanas posteriores a la gran bronca del día primero de octubre, en la que unos cuerpos de seguridad del Estado, siguiendo las instrucciones de la “autoridad competente”, apalizaron a sus propios conciudadanos, cuya única pretensión era poder votar respecto a su futuro político.
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