La tozudez del gobierno en torpedear la normalización institucional de Catalunya empeora las cosas, al menos para sus propios intereses. Por "normalización institucional" se entiende aquí el reconocimiento del resultado de las elecciones del 21 de diciembre pasado y la constitución de un govern presidido por Puigdemont.
De eso no quiere ni oír hablar el B155 y, por tanto, la situación queda
bloqueada. Pero el bloqueo no puede sostenerse. En realidad, ninguna
solución que no sea la apuntada podrá sostenerse. Esta en concreto por
el quebranto que la situación provoca en las haciendas autonómicas. Las
Comunidades Autónomas (CCAA) están necesitadas de un nuevo marco de
financiación y, sobre todo, de numerario y urgente. Innecesario recordar
cómo siempre se dice que, al establecer los planes generales de
financiación, preciso es ir con cabeza fría y pies de plomo. Cuando
llega la urgencia, se procede en caliente y con pies alados, como los de
Hermes, patrón de los ladrones. Dicen las CCAA que no cabe esperar más a
los catalanes a la hora de fijar el reparto de recursos. Tanto más
cuanto los indepes no parecen tener intención de participar en las
deliberaciones, cuenten o no con un govern.
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