Ayer, mientras la policía nacional hacía una redada de hostigamiento en
Girona, el presidente Sánchez se explayaba en el Europarlamento sobre la
independencia de la justicia española y la separación de poderes. Entre
los detenidos, dos alcaldes de la CUP, uno de ellos esposado de tal
modo que hubo de ser atendido en un hospital. Al otro (o al mismo, no
ando seguro) lo detuvieron cinco individuos encapuchados que resultaron
ser policías, como podían no haberlo sido. Porque, cuando la policía
actúa sin orden judicial, como ayer, deja de ser policía para
convertirse en una banda de pistoleros.
Pero Sánchez proseguía recitando la lección de que en España es
perfectamente admisible ser independentista y que los presos políticos
(que no son presos políticos, sino presuntos delincuentes) tendrán un
juicio justo. Un juicio justo a cargo del juez instructor Llarena y un
tribunal presidido por el magistrado Marchena. Sin comentarios. O solo
con uno: Sánchez llama "juicio justo" a un proceso político
inquisitorial de una orientación básicamente franquista (aunque ella
prefiera llamarse "nacional") contra sus enemigos políticos.
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