Las detenciones de la policía española, sin ninguna orden judicial,
de cargos institucionales y activistas independentistas, así como de un
fotoperiodista, que se han producido durante todo este miércoles en las
comarcas de Girona, suponen una de las noticias de mayor gravedad de los
últimos tiempos. Por su arbitrariedad, su injusticia y la desmesura de la intervención policial son necesarias explicaciones urgentes por parte del Ministerio del Interior y de su titular, Fernando Grande-Marlaska,
y una respuesta clara y contundente por parte del gobierno catalán. Lo
que ha sucedido este miércoles, sin justificación posible
alguna, sobrepasa tantas líneas que cualquier cosa que no sea el repudio
tajante y diáfano acabará siendo una normalización de la represión.
Poco importa si se ha querido asustar al mundo independentista con
las detenciones. O si ha sido un aviso para navegantes ante el inminente
juicio a los presos políticos catalanes por parte del Tribunal Supremo y tomando como excusa la actuación de los detenidos en los cortes de las vías del AVE con motivo del aniversario del referéndum del 1 de octubre. No habrá asustado a ninguno, ciertamente, ante el hedor que desprendía toda la operación policial.
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