jueves, 22 de febrero de 2018

Inquisition Reloaded

(Primera carta a Suiza)
Para hacer que Anna Gabriel vuelva, habrá primero que derrotar toda excepción. No queremos más presos ni exiliados: ni uno más.

«Hace tiempo que no acepto lo que no se puede cambiar, cambio lo que no se puede aceptar» 
Angela Davis 

El miedo es una tecnología del poder. La excepción es una tecnología de gobierno. Ambas dos convergen hoy para vulnerar y violentar la libre voluntad democrática mayoritaria de la sociedad catalana. Desde ayer, sí, sabemos que nuestra amiga y compañera Anna Gabriel Sabaté se quedará en Ginebra. Refugiada en 2018. Considera, con todas las razones de su parte, que sus derechos fundamentales y procesales ya no están garantizados ante un tribunal especial que pedirá hasta penas de 30 años de cárcel. Por haber convocado un referéndum de autodeterminación, aprobado por mayoría democrática en sede parlamentaria, y por respetar los resultados. Ese es, dicen, el extraño delito de rebelión y sedición que les atribuyen: dar la palabra a la ciudadanía. En un extrañísimo golpe de estado que en vez de secuestrar urnas, las pone. El mundo al revés de la excepción.
Tan lejos y tan cerca, retornan hoy palabras antiguas del ayer, demasiado conocidas por este pueblo durante décadas pasadas –represión, cárcel, exilio. También Ginebra, en épocas distintas y oscuras, acogió a Pau Casals, Mercè Rodoreda o Aurora Bertrana. En una de los últimos autos judiciales que mantiene encarcelado al exconseller de Interior del Gobierno catalán se lee vergonzosamente: «el investigado mantiene lógicamente su ideario soberanista». Otra frase antológica que certifica la persecución ideológica y la condición política de los presos, en una renovada inquisición postmoderna que expide chantajes inaceptables en cada resolución. Acto de fe maccarthista: o renuncias y abjuras o a la hoguera represiva. Lejos, muy lejos, quedan las palabras del juez que hoy juzga a unos pocos para condenarnos a todos. La pronunció Pablo Llarena en 2012: «la cuestión de la identidad catalana y la integridad del Estado español no tienen solución judicial, sino política”. 

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